El Estado como jaula de cristal

¿Por qué la izquierda no puede liberar las disidencias sexuales administrando la misma maquinaria que las oprime?

Por Carlos Sánchez Soto

Ayer, 30 de julio de 2026, en la sala de ICAL, junto a la Comisión de Disidencias Sexuales del PCCh, se abrió un debate en torno al libro ¿Revolución o privilegio? Las disidencias sexuales entre la calle y el espejo que publiqué hace un poco más de un mes atrás.

Días antes había preparado un documento que pretendía ser de apoyo teórico, («Debate: Un marco teórico marxista para una praxis revolucionara de la izquierda sobre las disidencias sexuales populares«) con el objetivo explícito de señalar que la izquierda debe recuperar su rol basada en un enfoque situado en las condiciones materiales que a la clase trabajadora y popular les toca enfrentar en lo cotidiano. Y entender que las disidencias sexuales, así como otros sectores marginados o excluidos, no debían ser concebidos como los aliados pobres de la clase obrera, porque la clase obrera, la clase explotada, en la actualidad está presente en todos y cada uno de estos sectores marginados. Quería alejarnos del cliché, de la repetición mecánica de consignas.

Las opiniones de quienes allí estuvieron presentes demostraron que el problema es aún más profundo de lo que yo había diagnosticado en el papel.

El documento de debate apuntaba a desmontar cómo la izquierda chilena opera con un «sentido común liberal» que se nos infiltra cuando se trata de sectores subalternizados, como las disidencias sexuales. Mostrábamos, apoyándonos en Federici, Quijano y Lugones, que pedir derechos formales dentro del actual sistema no es una victoria de clase, si creemos que nuestra tarea termina allí, sino una operación de asimilación que deja intactas las condiciones materiales de opresión. Pero ayer, en la sala, en un momento el debate saltó del diagnóstico sobre la praxis al diagnóstico sobre el Estado. Y ahí se reveló a mi juicio, la verdadera raíz de nuestra parálisis.

Amplios sectores de nuestra izquierda siguen entendiendo al Estado democrático liberal —con su división de tres poderes, su republicanismo formal y su arquitectura jurídica— como la única forma posible en que el Estado puede existir. Nos cuesta imaginar que el Estado es un aparato que administra el poder de las clases dominantes, y que la actual estructura del Estado es el mecanismo de coerción y dominación de los dueños del capital, interesados en someter a buena parte de la población para asegurar su predominio y mayor tasa de plusvalía posible.

Es decir, hay una creencia profundamente sedimentada en la izquierda, y el progresismo, de que, si algún día los trabajadores alcanzan el poder, deberán tomar el control de los tres poderes del Estado para administrar la misma maquinaria y, quizás, darle un uso más «justo». No se llega a comprender que esa forma estatal no es la naturaleza de las cosas, sino una construcción histórica diseñada para sostener un determinado patrón de poder como ya se ha dicho.

Si no logramos romper conceptualmente con el Estado democrático liberal como estructura invariable, cualquier intento de abordar la lucha social, de cualquier movimiento popular, incluidas las disidencias sexuales, desde la izquierda, estará condenado al fracaso o, lo que es peor, a la complicidad.

La trampa de pedirle agua al desierto

En el documento de debate, sostengo que la praxis liberal de la izquierda respecto de las disidencias sexuales opera dentro del sistema de género colonial, pidiendo espacio para minorías dentro de un orden que se presume universal. ¿Pero qué es ese orden si no el propio Estado liberal?

Cuando Aníbal Quijano y María Lugones nos hablan de la «colonialidad del poder» y la «colonialidad del género», no están haciendo solo una crítica cultural. Están describiendo la arquitectura fundacional del Estado moderno. La separación de poderes, la idea del «ciudadano» portador de derechos individuales, el monopolio legítimo de la violencia… todo ese andamiaje se construyó sobre una clasificación racial y sexual. El ciudadano ideal del naciente Estado liberal era blanco, propietario, masculino y heterosexual. La heterosexualidad obligatoria y el binarismo de género no eran prejuicios que el Estado toleraba; eran el dispositivo organizador de la fuerza laboral y la reproducción social.

Por eso, cuando nuestra izquierda se limita a celebrar leyes de matrimonio igualitario, leyes de identidad de género o la incorporación de personas LGBTIQ+ al aparato estatal como funcionarios, no está transformando las condiciones materiales. Está, sin darse cuenta, aplaudiendo a una maquinaria diseñada históricamente para expropiar y disciplinar los cuerpos disidentes, que les otorga un «privilegio» de inclusión.

Silvia Federici lo demostró magistralmente, señalando que la acumulación originaria no fue solo la expropiación de la tierra, fue la expropiación del cuerpo (la cacería de brujas, la imposición de la familia nuclear). El Estado que heredamos tiene en su ADN la función de disciplinar la sexualidad no-procreativa. Pedirle a ese Estado que nos «reconozca» es como pedirle al verdugo que nos felicite por la forma en que caemos.

El límite de la «administración proletaria» del Estado colonial

Las condiciones concretas bajo las cuales se produce el cambio de estructuras de poder determinan la forma que adopta el nuevo poder. Si los trabajadores conquistan el poder político, no tienen por qué conservar la forma estatal burguesa-liberal.

Este es el punto ciego más peligroso de nuestra izquierda contemporánea. Si creemos que vamos a hacer la revolución pero manteniendo intacto el Estado de derecho liberal, el resultado para las disidencias sexuales populares será desastroso. La estructura estatal deberá necesariamente cambiar, para que la clase trabajadora tenga las garantías de poder establecer un orden que permita el acceso real de las personas a sus derechos fundamentales, ya no solo como una cuestión simbólica, sino material: salud, educación, vivienda, recreación, afecto, abrigo, entre otros.

¿Por qué? Porque si el Estado sigue siendo el mismo, la izquierda en el poder se verá obligada a «administrar» debiendo «traducir» las demandas materiales de las disidencias y movimientos sociales en el lenguaje de los derechos individuales. Recordemos el Estado democrático liberal no gobierna sobre derechos colectivos, no se habla allí de derechos colectivos, y aunque se habla de derechos económicos, sociales y culturales, siempre se abordan desde la perspectiva del individuo, y no de las comunidades. Seguiremos necesitando ONGs que medien, seguiremos litigando en tribunales de justicia que responden a una lógica burguesa, seguiremos convirtiendo la rabia popular en informes de diversidad.

Pero la cuestión no termina aquí. ¿como entiende la izquierda a la organización sindical? Aquí el problema es igualmente complejo porque seguimos entendiendo al sindicato como una instancia de negociación con los patrones. La función del sindicato al parecer solo sería esa, y lo cierto es que el mundo del trabajo hoy es mucho más diverso y cada vez más fragmentado porque el desarrollo capitalista ha reorganizado sus sistemas de producción, generando esquemas de trabajo aislados, en donde la organización sindical es cada vez más compleja, y el trabajo se desarrolla en condiciones más precarias y difíciles de ver.

Desde los estados se habla de trabajo formal e informal, manteniendo en la informalidad a casi la mitad de la fuerza laboral en condiciones precarias, mal pagadas e inseguras. Y desde los movimientos sindicales se ha asumido esa definición más bien por comodidad, porque los sindicatos reciben financiamiento de las cuotas de sus asociados que son descontadas por planilla en los empleos formales y en los servicios públicos. Reconocer la organización de trabajadores informales implica abordar el problema del poder decisional de los trabajadores que no cotizan de manera regular y obligatoria. Y bueno, este principio del que paga puede votar es algo que el movimiento sindical debe abordar cuestionando la dicotomia del trabajo formal e informal, que nos divide y nos impide enfrentar a un orden injusto .

Del mismo modo en como debemos enfrentar el carácter del Estado, debemos enfrentar la calcificación de nuestras organizaciones, que impiden la unidad de la clase trabajadora, y que limita el cuestionamiento del sistema solo al ámbito contractual público o privado. Pareciera que la consigna es «si no hay patrón, no hay revolución». El problema es que si entendemos así a la organización de los trabajadores, podemos concluir a ciencia cierta, que «con patrón o sin patrón, no habrá revolución»

En el libro decimos que las disidencias sexuales populares no deben ser entendidas como «minorías identitarias», sino sujetos de clase cuya posición material (exclusión laboral masiva, trabajo sexual precarizado, violencia policial, falta de salud específica) define su potencial político. Pero ese potencial político solo se puede desplegar si rompemos los marcos institucionales liberales; es decir, si entendemos que cualquier cosa que consigamos como victoria en ese escenario, siempre será de carácter simbólico o hasta que dure el gobierno de turno, y ello nos obliga a pensar en la superación de esos limites.

Si una persona trans trabajadora sexual organiza un sindicato junto a otras trabajadoras informales (como plantea la experiencia de CONATRADO que menciono en el texto), no está pidiendo un derecho formal al Estado. Está ejerciendo un poder de facto que desborda la lógica estatal. Si las disidencias sexuales se articulan con pueblos originarios y trabajadores precarios para parar la producción y el cuidado (como se lo propuso el paro feminista del 8M), no están litigando, están demostrando que tienen la intención de detener el país, apuntado a constituir un contrapoder.

Pero si nuestra izquierda mira esas prácticas y dice «muy bien, ahora vayamos al Parlamento a hacer una ley que formalice esto», está volviendo a encajar la energía revolucionaria dentro de la jaula de cristal del Estado liberal.

Hacia una política afectiva y material anti-estatal

En el documento de debate, abordo el problema de las disidencias populares que votan por la derecha. La explicación gramsciana es clara, cuando plantea que la derecha organiza el sentir (el miedo, la necesidad de pertenencia, la precariedad del estómago), mientras nuestra izquierda opera desde el intelecto, ofreciendo teorías y abstracciones que no resuelven la vida cotidiana.

La derecha le ofrece a las disidencias sexuales un «aspiracionismo» dentro del mercado, y la izquierda liberal le ofrece un «reconocimiento» dentro del Estado. Ambas ofertas son trampas porque ambas asumen que el mercado y el Estado liberal son el horizonte insuperable de la historia.

Nuestra tarea, la que el libro intenta abrir como un programa de investigación y acción colectiva, es construir una «política afectiva materialista». Un ensayo anexo se encuentra en este sitio y que avanza en esa dirección. Esto significa organizar el sentir popular —el duelo por nuestras caídas, la rabia por la violencia policial, la alegría de nuestra supervivencia— en una narrativa que no busque ser reconocida por el Estado, sino que busque desmantelar los dispositivos de poder que ese Estado protege.

El programa disidente del que hablo al final de ¿Revolución o privilegio? (salud, vivienda, trabajo, despatologización, alianza con pueblos originarios) no puede ser una lista de peticiones al Ministerio de Desarrollo Social. Tiene que ser un programa de poder popular. Tiene que nacer de las coordenadas territoriales, de la autogestión, de la huelga, delos sindicatos.

Ayer, al terminar el encuentro, me quedé pensando que el título «¿Revolución o privilegio?» sigue siendo la pregunta correcta. Mientras la izquierda chilena siga creyendo que puede alcanzar la revolución administrando la misma estructura estatal que diseñaron los colonizadores y la burguesía, todo lo que logremos para las disidencias sexuales será, inexorablemente, un privilegio. La revolución, la verdadera, la que transforma las condiciones materiales y libera los cuerpos de la lógica de la acumulación, va a requerir que nos atrevamos a imaginar —y a construir— formas de poder que no tengan nada que ver con la jaula de cristal en la que hoy estamos encerrados.