Hegemonía y determinismo vulgar: Crítica a los discursos de «facho pobre» y «zurdo empobrecedor»

Los conceptos de «facho pobre» o «loca facha» son el fracaso de la izquierda y el progresismo transformado en una pretensión de insulto. Ambas categorías son morales, no de clase, y operan como un mecanismo de purga simbólica que inhabilita cualquier análisis político serio.

Desde el materialismo político, el error inicial de ciertos sectores progresistas fue caer en un determinismo económico vulgar, asumiendo que la precariedad material genera automáticamente conciencia de clase. Esto es mecanicista y empíricamente falso. Si así fuera, todos los sujetos bajo idénticas condiciones de explotación votarían igual. Sin embargo, vemos que frente a la misma urgencia material, unos adhieren a proyectos conservadores y otros a propuestas transformadoras.

La explicación no está solo en el estómago, sino en la cabeza. Las ideas, las creencias y los marcos interpretativos de la realidad son también condiciones materiales que deben ser objeto de transformación. La falta de herramientas para procesar la realidad no es un defecto biológico individual; es el resultado de una violencia estructural, la precarización educativa y el monopolio de los aparatos ideológicos del mercado. Un sujeto bombardeado por narrativas que le explican su pobreza como un fracaso individual o como una amenaza del «otro», carece de las herramientas cognitivas para pensar de otro modo.

El desafío estratégico entonces es que si las ideas deben cambiar ¿cuál es el método? El cambio de conciencia no se produce a través de la cátedra moral ni la condena en las redes sociales, sino por praxis: la articulación entre la lucha por condiciones materiales concretas y la reflexión crítica que surge de esa misma lucha. Cuando una persona se organiza para frenar un alza en las cuentas de la electricidad, descubre la solidaridad, identifica quién es su enemigo real y desmonta sus propios prejuicios al compartir la trinchera con quienes antes consideraba una amenaza.

Este desafío se vuelve urgente porque la derecha latinoamericana actual ha perfeccionado un chantaje estructural. Ya no es pasiva ideológicamente; son gobiernos activamente anti-género, anti-LGBTIQ y anti-pobres. La técnica es clara, porque mienten prometiendo alivio económico inmediato, mientras ejecutan el desmantelamiento de derechos, obligando a los sectores populares a elegir entre la supervivencia de hoy y la dignidad de mañana. Sin embargo, tampoco la promesa termina cumpliéndose ni en lo inmediato ni a largo plazo.

Este chantaje o estafa, no es una abstracción; se materializa en la normativa. Un ejemplo paradigmático es la propuesta del diputado Juan Irarrázaval, que busca obligar a las mujeres a escuchar los latidos del feto antes de acceder a una interrupción de embarazo. Ante esto, es fundamental evitar falacias argumentales, como sostener que estas medidas «aumentarán los embarazos no deseados» porque es impreciso, dado que la ley chilena restringe el aborto estrictamente a tres causales (riesgo vital, inviabilidad fetal y violación).

El verdadero daño material de esta propuesta es la erosión administrativa de la ley. Al imponer barreras burocráticas y psicológicas, el objetivo es dilatar el proceso hasta que la mujer salga del plazo legal de las 12 semanas o desista por revictimización. El impacto es concreto, puesto que se obliga a mujeres pobres, que no pueden costearse alternativas privadas, a llevar a término embarazos producto de violaciones o con diagnósticos de inviabilidad fetal. Las trabas al aborto legal no son solo políticas «valoricas»; son políticas de empobrecimiento y violencia estatal.

Frente a este desmantelamiento, la derecha ha perfeccionado un contra-discurso letal para blindar a su base, utilizando el insulto del «zurdo empobrecedor». Este término es políticamente más efectivo que el «facho pobre» porque posee un anclaje en la experiencia sensible de la gente; recoge el dolor económico real de gestionar crisis.

Responder a este ataque con el «facho pobre» es un error táctico letal. Significa aceptar la disputa en un terreno donde la derecha lleva ventaja y transformar un debate político en una humillación de clase. Llamar ignorante a quien siente que perdió calidad de vida no despierta conciencia; genera reacción.

Actuar frente al «zurdo empobrecedor» exige una táctica de desplazamiento material. No se trata de negar el dolor del sujeto con estadísticas macroeconómicas, sino validar su experiencia y mostrar que el problema está en la estructura social: «Tienes razón en que tenemos menos seguridad, pero el enemigo no es el funcionario público, ni los derechos de las minorías; sino quien fija los precios, quien especula con el dinero y quien se enriquece mientras peleamos entre vecinos».

A esta ofensiva económica se suma una ofensiva cognitiva que explota la orfandad intelectual de la población. Cuando la derecha califica las expresiones transgénero como una «imposición» y acusa al Estado de atentar contra la educación parental con la «ideología de género», no están haciendo un debate filosófico. Le están diciendo a un padre o una madre precarizados: «El problema no es que no tengas plata; el problema es que unos funcionarios ilustrados le están cambiando la identidad a tu hijo sin pedirte permiso». Es un discurso perversamente efectivo porque otorga una ilusión de control a sujetos que han perdido todo poder sobre su economía.

Responder a esto con lenguaje académico («deconstrucción», «performatividad») ratifica la narrativa enemiga de una élite desconectada del pueblo. La táctica materialista debe ser, una vez más, el desplazamiento; es decir, traducir lo cultural a lo material. Defender la existencia de la población transgénero como una cuestión de salud pública, en el sentido de «nadie le impone nada a su hijo. Pero si su hijo nace trans, queremos que tenga atención médica oportuna para no suicidarse. Queremos que esté vivo». Al mismo tiempo, dar cuenta que hay un sistema social con problemas, señalando que la verdadera imposición es la precariedad del sistema educativo que deja a los jóvenes a la deriva.

Frente a un escenario donde la derecha sabotea derechos mediante reglamentos, domina la narrativa del dolor y explota la orfandad intelectual, la estrategia de la izquierda debe articularse en tres ejes:

1. Disputar la hegemonía a través de la organización (La praxis): No se convence a un sector popular con un posteo, o un meme en redes sociales. Se le desarma el prejuicio integrándolo a una lucha donde su participación sea útil y donde la izquierda demuestre eficacia resolviendo problemas concretos. La teoría se enseña en el proceso de la acción.

2. Materializar el impacto de los retrocesos: Demostrar con precisión técnica que cada reglamento restrictivo tiene un costo económico y social. La defensa del aborto en las tres causales o de los derechos LGBTIQ debe comunicarse como una política de salud pública y de justicia económica.

3. Paquetes políticos integrales: Las políticas de reconocimiento identitario deben ir de la mano de soluciones de vivienda y empleo; la defensa del salario, de la mano de la educación sexual integral. La derecha ataca ambos frentes al mismo tiempo; la respuesta orgánica debe ser unitaria.

No existen los «fachos pobres» ni los «zurdos empobrecedores» como sujetos ontológicos, sino ciudadanos atrapados en una disputa hegemónica donde un sector ha logrado monopolizar el relato del dolor. La tarea de la izquierda es generar los espacios de praxis donde esas condiciones -el hambre y las ideas- se transformen simultáneamente, demostrando en la acción concreta que la verdadera emancipación requiere tanto del pan como de la conciencia para exigirlo.